La reforma policial se expande con 990 agentes y 84 cuadrantes en La Altagracia, pero el debate sobre las muertes policiales exige respuestas que ningún uniforme puede dar solo.
La segunda fase del Modelo de Servicio y Patrullaje Policial (MSPP) quedó en marcha este viernes en La Altagracia, con 990 agentes entrenados y equipados, 84 cuadrantes y 39 corredores distribuidos entre Verón, Higüey, Villa Cerro, La Otra Banda, El Hoyo de Friusa, Bayahibe y San Rafael de Yuma. Los números invitan al optimismo: en las zonas donde el modelo ya opera, los robos reportados disminuyeron un 35% entre enero y julio, equivalentes a 1,046 casos menos, y más de 1,000 policías han sido capacitados en el Sistema Táctico Básico Policial, con énfasis en el uso legal y proporcional de la fuerza. La meta declarada es alcanzar 24 departamentos durante 2026.
“Una policía que sabe dónde tiene que estar, a qué hora y para qué”, resumió la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante el acto en la explanada de la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. El presidente Luis Abinader, por su parte, recordó que este modelo exige “una vocación inquebrantable de servicio, cercanía y respeto irrestricto a la Constitución de la República, los derechos humanos y la dignidad humana”. La doctrina, en el papel, es la correcta.
Sin embargo, la reforma llega en un momento de escrutinio. Esta misma semana, dos muertes en intervenciones policiales —Samuel Antonio Brook, de 22 años, en San Pedro de Macorís, y Adolfo María Bello Heredia, de 39, en Batey 9— volvieron a encender el debate sobre el uso de la fuerza letal, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció gestiones ante organismos internacionales. Una orden de arresto justifica buscar a una persona para someterla a la justicia; no determina por sí sola que el uso de fuerza letal haya sido necesario o legal. Cada caso necesita pruebas y evaluación individual.
El MSPP puede ser un punto de inflexión si sus protocolos de actuación, supervisión y planificación basada en datos se aplican sin excepciones, y si la ciudadanía —como pidió la propia ministra Raful— denuncia, participa en las mesas de seguridad y exige resultados. La seguridad que se construye “caminando al lado de nuestra gente” no puede sostenerse sobre la sombra de cada operativo. La Altagracia será el examen; la calle, el corrector.
Foto: Panorama (imagen de referencia)
