Por JAY GUTIÉRREZ
El autor es escritor. Reside en Pensilvania.
En la República Dominicana se está normalizando algo inaceptable: que una persona muera en un operativo policial y el pretexto del “intercambio de disparos” baste para cerrar el caso, acaparar titulares unas horas y dar paso al siguiente muerto.
La DICRIM sale a buscar delincuentes y algunos operativos terminan con personas muertas. Una parte de la sociedad lo celebra porque, según la versión oficial, “era un delincuente”. Pero ¿acaso no existe otra solución? La delincuencia lleva décadas golpeando al país. Si matar no ha terminado con ella, ¿por qué seguimos recurriendo a la respuesta más fácil en lugar de buscar soluciones más profesionales?
En este contexto adquiere importancia el discurso oficial de endurecer la persecución contra quienes tienen asuntos pendientes con la justicia. Pero buscar a un delincuente debe significar capturarlo y ponerlo ante los tribunales. Una acusación no es una condena. Y ser señalado como delincuente tampoco equivale a una sentencia de muerte. La seguridad no puede separarse del debido proceso.
Los antiguos escuadrones de la muerte actuaban desde las sombras. Una persona desaparecía o aparecía muerta y nadie sabía oficialmente quién la había ejecutado. Hoy preocupa otro escenario: una muerte puede ocurrir públicamente, explicarse como un enfrentamiento y encontrar respaldo social. ¿Estamos cayendo en la vieja trampa de los pueblos que pedían sangre y cabezas mientras el poder respondía para demostrar firmeza?
¿En qué trampa psicológica estamos cayendo en nombre de una mayor seguridad? Cuando “uno menos” se convierte en una celebración, la muerte empieza a verse como una victoria contra el crimen. Y el problema llega al extremo de que quienes defienden los derechos humanos y cuestionan estas muertes son presentados por algunos como defensores de los delincuentes. ¿Desde cuándo exigir justicia significa estar del lado del criminal?
Las cifras obligan a detenerse. Diario Libre registra 182 personas muertas en intervenciones policiales durante 2026 y 39 en septiembre. Según ese medio, solo tres de los 182 fallecidos aparecen en la lista oficial de prófugos publicada por la Policía. El dato no demuestra por sí solo irregularidades, pero sí exige preguntas en cada caso.
¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué fueron perseguidas? ¿Qué ocurrió durante el operativo? ¿Qué evidencias respaldan la versión del enfrentamiento?
Si cada muerte queda explicada únicamente por la versión inicial, sin una investigación independiente que examine las evidencias, aparece un verdadero laberinto institucional: cada vez será más difícil distinguir una legítima actuación policial de un error o un abuso.
Lo paradójico es que todo esto ocurre mientras el Gobierno habla de una policía más profesional y tecnificada. Una institución no debería medir su éxito por la cantidad de delincuentes muertos, sino por su capacidad para investigar, capturar y llevar ante la justicia a quienes violan la ley. Si la delincuencia continúa después de décadas, quizá debamos buscar respuestas más razonables y menos fáciles.
No afirmamos que exista oficialmente una estructura denominada “escuadrón de la muerte”. La advertencia apunta a una lógica preocupante: una persona señalada como delincuente muere, se ofrece una explicación oficial y una parte de la sociedad lo considera una buena noticia. El peligro comienza cuando la muerte deja de provocar preguntas y empieza a provocar aplausos. ¿Estamos construyendo un país más civilizado o aceptando una lógica de barbarie?
La Policía debe perseguir el delito. El Ministerio Público debe investigar. Los tribunales deben juzgar. Cada muerte ocurrida durante una actuación policial debe ser examinada con independencia, evidencias y transparencia. Porque una sociedad verdaderamente segura no es la que mata más delincuentes, sino la que logra capturarlos, procesarlos y condenarlos cuando corresponda, dentro de la ley.
