WASHINGTON.– La política migratoria del presidente Donald Trump no muestra señales de retroceso tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Por el contrario, las autoridades federales han reiterado que continuarán las deportaciones, mientras crece el debate político sobre el alcance de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, publicó el pasado 4 de noviembre un mensaje de apenas tres palabras que dejó clara la posición de la administración: «Las deportaciones continuarán». La declaración llegó después de los resultados electorales que favorecieron a los demócratas y provocaron un debate dentro del Partido Republicano sobre el impacto de las políticas migratorias de Trump, particularmente entre los votantes hispanos.
Un análisis publicado este sábado por The Atlantic, firmado por el periodista Nick Miroff, sostiene que no existen señales de que la Casa Blanca vaya a ordenar una retirada generalizada de las operaciones migratorias. Según el reportaje, tres altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional consultados tampoco esperan una reducción de la ofensiva.
Uno de los factores que dificulta cualquier cambio inmediato es la enorme cantidad de recursos destinados a la política de deportaciones. Según The Atlantic, ICE dispone de más de 110.000 millones de dólares en fondos asignados, una cifra superior a once veces su presupuesto anual anterior. La publicación también informa que la agencia había iniciado una campaña de contratación para incorporar aproximadamente 5.000 empleados adicionales, principalmente agentes encargados de las deportaciones, antes de finalizar el año. El objetivo general de la administración ha sido alcanzar un millón de deportaciones anuales. Este volumen de recursos y personal crea una estructura operativa que podría continuar funcionando incluso si aumentan las presiones políticas para modificar las tácticas de la agencia.
La intensificación de las operaciones no comenzó después de los comicios. El 7 de octubre, CNN informó que la dirección de ICE había instruido a sus agentes a incrementar los arrestos en aproximadamente 1.000 personas adicionales al día, con una meta de 3.000 arrestos diarios y 19.000 semanales. El Departamento de Seguridad Nacional negó que existieran cuotas obligatorias de arrestos y describió esas cifras como objetivos operativos.
Durante octubre, NPR documentó reportes de mayor actividad migratoria en Nueva Jersey, Illinois, Oregón, Detroit y California. En California, Reuters informó el 31 de octubre que las detenciones habían aumentado considerablemente en varias localidades del Valle Central. En Bakersfield, los arrestos pasaron de aproximadamente uno diario durante buena parte del año a casi diez por día a mediados de octubre, según datos preliminares del Departamento de Seguridad Nacional citados por la agencia. La actividad migratoria también generó preocupación entre trabajadores agrícolas, comerciantes y organizaciones comunitarias.
Los resultados electorales han añadido una nueva dimensión al debate. En un análisis publicado el 5 de noviembre, Reuters señaló que las preocupaciones por las deportaciones y el costo de la vida contribuyeron al cambio de comportamiento electoral de numerosos votantes hispanos. La agencia encontró que, en 64 condados de mayoría latina donde se disputaron elecciones al Senado y cuyos resultados estaban mayoritariamente contabilizados, los republicanos perdieron 14 puntos porcentuales de apoyo respecto a su desempeño de 2024. En algunos lugares, las operaciones migratorias también tuvieron consecuencias económicas. En Kansas, redadas en comunidades vinculadas a plantas procesadoras de carne provocaron detenciones de trabajadores y afectaciones a las operaciones de esas instalaciones. El resultado ha sido una discusión dentro del propio Partido Republicano: algunos dirigentes consideran necesario concentrar las operaciones en personas que representen amenazas para la seguridad pública, mientras otros defienden mantener la política de deportaciones masivas.
La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso abre la posibilidad de que aumente la supervisión legislativa sobre las operaciones migratorias y el uso de los recursos federales. Los legisladores podrían impulsar investigaciones, audiencias y propuestas para modificar las condiciones de financiamiento de ICE. Sin embargo, cambiar la política migratoria no será automático. Cualquier modificación presupuestaria importante tendría que superar el proceso legislativo y enfrentarse a la posición de la Casa Blanca. El presidente también conserva facultades ejecutivas para orientar las prioridades de las agencias federales dentro del marco legal vigente. Por eso, aunque los resultados electorales han intensificado el debate, todavía no se ha producido un cambio oficial en la estrategia migratoria.
Para las comunidades inmigrantes, el mensaje de continuidad representa una fuente de preocupación. Las detenciones no afectan únicamente a quienes son arrestados. También repercuten en hogares donde conviven ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, personas con procesos migratorios pendientes y familiares sin estatus legal. El temor a encontrarse con agentes migratorios puede alterar la asistencia al trabajo, las actividades comerciales, la educación y el acceso a servicios cotidianos. Al mismo tiempo, la administración Trump sostiene que está cumpliendo su compromiso de hacer cumplir las leyes migratorias y retirar del país a personas que considera inadmisibles o sujetas a deportación. La discusión nacional gira ahora alrededor de los límites, las prioridades y los procedimientos de esa política. La pregunta que queda abierta es si el resultado electoral obligará a Trump a modificar el alcance de su ofensiva migratoria o si, pese al revés político, la maquinaria de deportaciones continuará funcionando con los mismos recursos y objetivos.
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