Chile lideró por cuarto año consecutivo el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, presentado este martes 20 de octubre en Santiago por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). República Dominicana ocupó el décimo lugar, con 45,1 puntos sobre 100, entre los 20 países evaluados.
Chile obtuvo 71,4 puntos, por delante de Brasil, con 68,4, y Uruguay, con 67,0, los tres clasificados como países pioneros. Detrás se ubicaron Colombia, con 56,8; Costa Rica, con 56,0; Argentina, con 55,6; Perú, con 52,7; México, con 52,0, y Ecuador, con 51,8, antes de República Dominicana. La cuarta edición incorporó por primera vez a Trinidad y Tobago y evaluó 126 subindicadores.
El índice mide la infraestructura tecnológica, la formación de habilidades, el talento humano especializado, la investigación y el desarrollo, la adopción en los sectores público y privado, y la existencia de políticas que garanticen un uso responsable de la IA. También incorporó una comparación con Alemania, España, Estonia, Portugal y Singapur como referencias internacionales.
Los impulsores del estudio advirtieron que América Latina y el Caribe se juegan su futuro en la colaboración regional para compartir datos, talento y capacidad de cómputo, y para extender la incorporación de la IA al tejido productivo. El informe destaca además el valor estratégico de los datos para la soberanía tecnológica.
Entre las alertas, el documento señala que la falta de certeza jurídica para la minería de textos y datos limita el desarrollo y el entrenamiento de modelos en la región. En el caso chileno, pese al liderazgo, solo el 2,1 por ciento de las unidades de procesamiento gráfico identificadas en los clústeres regionales está en ese país, mientras Brasil concentra el 87,7 por ciento, y apenas el 13,5 por ciento de las empresas chilenas utiliza IA.
Para República Dominicana, el décimo puesto la sitúa por encima de Panamá, El Salvador, Paraguay, Jamaica, Cuba y Venezuela, pero todavía por debajo del grupo de adoptantes más avanzados. El diagnóstico, financiado por la Unión Europea a través de Global Gateway y apoyado por la OEA, el BID y la UNESCO, busca orientar políticas públicas basadas en datos.
