Una jueza federal de California prohibió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al ICE, al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y a la Patrulla Fronteriza (CBP) continuar con los operativos puerta a puerta en busca de supuestos votantes no ciudadanos, en una orden emitida el pasado 21 de octubre.
La jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín concluyó que enviar agentes a las viviendas para interrogar a las personas viola la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto de 1965, que protege contra amenazas, coacción o persecución cuando alguien intenta votar o ayuda a otros a hacerlo, y que la táctica había generado temor en comunidades de estatus migratorio mixto.
Una demanda de enfermeras, sindicatos y ciudades
El caso nació de una demanda presentada el 18 de septiembre por la Asociación de Enfermeras de California, National Nurses United, la Fundación Voto Latino, la Ciudad y el Condado de San Francisco y el Condado de Santa Clara. Tras la audiencia del 19 de octubre, el tribunal ordenó detener de inmediato los operativos de campo en los hogares.
La medida, que abarca nueve estados, también protege a los voluntarios de organizaciones, sindicatos y condados que ayudan a los ciudadanos a registrarse para votar o a informarse sobre el proceso electoral, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El fallo no pone fin a otras formas de control migratorio, pero cierra la vía de las visitas domiciliarias con fines de verificación electoral mientras el litigio sigue su curso, en un nuevo revés judicial para las tácticas de la actual ofensiva migratoria federal.
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