Por la redacción
San Juan. — El temor se extiende entre residentes dominicanos de varios sectores de San Juan tras una serie de operativos migratorios realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han provocado denuncias de intimidación, protestas comunitarias y una respuesta contundente del gobierno municipal.
Las intervenciones, reportadas durante la última semana en zonas como Barrio Obrero, Villa Palmeras, Capetillo y Río Piedras, han alterado la actividad cotidiana de comunidades donde reside una importante población dominicana.
Residentes entrevistados por medios locales describieron calles menos concurridas, negocios afectados y personas que temen salir a trabajar o acudir a sus actividades habituales.
El miedo cambia la vida del barrio
En Barrio Obrero, uno de los principales puntos de encuentro de la diáspora dominicana en Puerto Rico, vecinos expresaron preocupación por las detenciones y por la manera en que se desarrollan algunas intervenciones.
Representantes comunitarios denunciaron presuntas amenazas y actuaciones agresivas de agentes federales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico también cuestionó el trato dispensado a inmigrantes y a personas que documentaban los operativos.
Estas denuncias reflejan la creciente tensión entre las autoridades federales y sectores de la comunidad. Las alegaciones de abuso deben investigarse y no equivalen, por sí solas, a determinaciones judiciales sobre cada intervención.
El alcalde marca distancia
En respuesta a las actuaciones, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, ordenó a la Policía Municipal y a otras dependencias de la ciudad no participar ni prestar apoyo a los operativos de control migratorio de ICE.
El ejecutivo municipal sostuvo que la responsabilidad de la administración local es proteger a los residentes, atender emergencias y garantizar la seguridad pública. Su decisión introduce una nueva dimensión política en una controversia que enfrenta las operaciones federales con las preocupaciones de las comunidades afectadas.
La medida no impide que ICE continúe realizando operativos bajo su autoridad federal, pero establece que el municipio no colaborará con esas acciones migratorias.
La comunidad exige respeto y garantías
La controversia también ha puesto en primer plano el derecho de residentes y observadores a documentar las intervenciones. La ACLU ha defendido la protección constitucional de quienes graban y protestan pacíficamente, al tiempo que reclama que se investiguen las denuncias de intimidación y uso de la fuerza.
Hasta el momento, los reportes consultados no ofrecen un balance completo de las personas detenidas durante esta nueva ronda de operativos ni un desglose oficial de sus nacionalidades.
La preocupación va más allá de la situación migratoria individual: las familias temen separaciones, pérdida de ingresos y consecuencias para los hijos que dependen de quienes trabajan en la isla.
Puerto Rico vive así una creciente disputa sobre cómo aplicar las leyes migratorias sin agravar el temor de comunidades enteras. Para muchos residentes de origen dominicano, la pregunta inmediata ya no es solo dónde se están realizando las redadas, sino si podrán continuar con su vida cotidiana sin miedo.
Fuentes: Metro Puerto Rico, El Nuevo Día, AlMomento.net y UnoTV. La información recoge reportes periodísticos y declaraciones atribuidas a residentes, organizaciones y autoridades; las denuncias de abusos no se presentan como hechos judicialmente probados.
Enlaces de referencia:
Metro Puerto Rico: https://www.metro.pr/noticias/2026/10/27/aqui-no-hay-gente-ya-comunidad-dominicana-vive-con-miedo-hasta-para-ir-a-la-iglesia/
El Nuevo Día: https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/continua-el-patrullaje-del-ice-agentes-recorren-barrio-obrero-en-santurce/
AlMomento.net: https://almomento.net/p-rico-miedo-entre-dominicanos-tras-operativos-ice/
JC LN
