El Parlamento votó la ley en la madrugada del 6 de noviembre, tras un debate nocturno; las entradas requerirán autorización judicial y solo podrán hacerse entre las 5 y las 9 de la mañana.
El Parlamento de Bélgica aprobó en la madrugada del viernes 6 de noviembre una polémica ley que permite a la policía entrar en viviendas para detener a migrantes indocumentados que han ignorado órdenes de abandonar el país. La votación tuvo lugar hacia las 5 de la mañana, hora local, tras un debate parlamentario que se prolongó durante toda la noche, según informó la agencia Reuters.
La norma forma parte del impulso del Gobierno de coalición de derechas del primer ministro, Bart De Wever, para limitar la migración y aumentar las expulsiones de las personas a las que se ha denegado el derecho a permanecer en Bélgica. El proyecto se presentó en junio de 2026 y fue modificado durante su tramitación parlamentaria antes de la votación final.
La ley no autoriza entradas indiscriminadas. Solo se aplicará a personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, que hayan desobedecido una orden de salida y que sean consideradas una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. Cada entrada deberá ser autorizada por un juez de instrucción, que tendrá siete días para decidir sobre la solicitud, y solo podrá realizarse entre las 5 y las 9 de la mañana, con funcionarios de inmigración presentes. La policía podrá buscar documentos de identidad y detener a la persona para su expulsión, también en viviendas donde se aloje con familiares, amigos u otras personas que la acogen.
La medida ha generado una fuerte oposición de organizaciones de derechos humanos y de abogados, que advierten de que permitir a la policía entrar en domicilios privados para aplicar la ley de inmigración pone en riesgo la privacidad, la vida familiar y las garantías constitucionales. Amnistía Internacional pidió a los legisladores que rechazaran el proyecto antes de la votación. El miércoles anterior, unas 3.000 personas formaron una cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Bruselas para protestar contra la ley. El texto final incluye salvaguardas introducidas tras la presión de la sociedad civil, como la posibilidad de que el juez imponga condiciones cuando haya menores presentes, y prevé una evaluación de la ley a los 18 meses de su entrada en vigor, que incluirá su impacto sobre los menores.
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