Periodista Rafael Caminero denuncia censura
SANTO DOMINGO. — Rafael Guerrero, conductor del popular programa digital Corrupción al Desnudo, sigue privado de libertad más de una semana después de que un juez ordenara su libertad condicional bajo medidas como el uso de un grillete electrónico. La excusa oficial es que el dispositivo aún no ha llegado a la Procuraduría, lo que ha impedido su liberación pese a la resolución judicial .
En la más reciente emisión del programa, transmitida por el periodista Rafael Caminero, se denunció que esta prolongada detención constituye un claro intento del gobierno por silenciar las voces críticas. Caminero, quien visitó a Guerrero en la cárcel, calificó la acción como un “ataque directo a la libertad de expresión”, narrando que Guerrero permanece detenido sin lógica material, ya que la libertad condicionada debería ser efectiva una vez se coloca el grillete .
El caso empezó cuando Guerrero no asistió a una audiencia judicial relacionada con acusaciones por difamación e injuria, lo que motivó su arresto y su posterior reclusión en la “carcelita” del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva . Aunque el juez Franny González de la Cuarta Sala Penal levantó la orden de rebeldía y dictó su libertad, esta no se ha concretado ante la supuesta ausencia del grillete electrónico .
Caminero enfatizó que se trata de una práctica sistemática del gobierno: primero, utilizar fallos judiciales como herramienta represiva; luego, usar retrasos burocráticos —como la excusa del grillete— para prolongar la reclusión de quienes denuncian casos de corrupción o actúan como contrapeso mediático.
Este incidente no es aislado. Observadores y organizaciones defensoras de la libertad de prensa advierten que se está perfilando un patrón de intimidación y acallamiento de periodistas críticos, reforzado por mecanismos aparentemente técnicos o logísticos pero bajo un trasfondo claramente político.
En resumen: Rafael Guerrero sigue en prisión pese a que un juez ordenó su liberación. Según Rafael Caminero, su encierro es una represalia encubierta, evidenciando un entorno preocupante para la libertad de prensa en la República Dominicana.
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