NEWARK, Nueva Jersey.— El congresista Adriano Espaillat realizó una visita de supervisión al centro de detención de inmigrantes Delaney Hall.
La inspección ocurrió en medio de una huelga de hambre protagonizada por cientos de detenidos.
Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, ingresó a las instalaciones tras obtener autorización mediante una orden judicial.
La visita se produjo un día después de incidentes entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y defensores de inmigrantes.
Durante esos hechos, varias personas fueron afectadas por gas pimienta.
Entre los afectados se encontraba el senador de Nueva Jersey, Andy Kim.
Tras concluir la visita, Espaillat afirmó que observó condiciones alarmantes dentro del centro.
El congresista denunció una huelga de hambre activa y un ambiente de temor entre los detenidos.
También reportó problemas relacionados con la alimentación, los servicios médicos y el hacinamiento.
Según sus declaraciones, muchos inmigrantes temen represalias por presentar quejas.
Espaillat calificó las condiciones observadas como crueles, inhumanas e intolerables.
De acuerdo con reportes conocidos durante la visita, alrededor de 300 inmigrantes participan en una huelga de hambre.
Los detenidos protestan por las condiciones dentro de las instalaciones.
La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos civiles y líderes comunitarios.
Espaillat anunció que presentará una nueva legislación para fortalecer la supervisión de los centros de detención.
La iniciativa llevará el nombre de Ley del Derecho de los Gobernadores a Inspeccionar.
La propuesta busca permitir que los gobernadores inspeccionen centros ubicados dentro de sus estados.
El congresista sostiene que existe una laguna legal que limita esa facultad.
La medida pretende aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los centros de detención de inmigrantes.
La situación en Delaney Hall continúa atrayendo atención nacional.
La huelga de hambre y las denuncias sobre las condiciones de detención han intensificado el debate sobre la política migratoria.
Organizaciones de derechos humanos piden investigaciones independientes y mejoras inmediatas para los inmigrantes detenidos.
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