La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) presentaron este 20 de octubre en Santo Domingo el estudio “Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana”, que evidencia cómo las demoras judiciales afectan a las empresas, la inversión y el bienestar de los ciudadanos.
Según la investigación, al 51.79 % de los encuestados un litigio le impidió iniciar un negocio o vender una propiedad, un dato que, subrayan sus autores, da cuenta del impacto directo de la justicia en el clima de negocios del país. Además, el 52.6 % de los usuarios encuestados declaró haber interrumpido su trabajo por los procesos judiciales y el 48.7 % postergó o modificó decisiones personales o patrimoniales, entre ellas emprender un negocio.
El estudio también registra un avance: la duración promedio de los asuntos fallados se redujo cerca de un 10 %, al pasar de 80.9 a 72.7 días hábiles entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026. Sin embargo, solo el 42.06 % de los casos evaluados se resolvió dentro del plazo legal de referencia. Por categoría, las cortes de apelación registraron una duración promedio de 148 días hábiles, mientras que, por materia, los asuntos inmobiliarios alcanzaron un promedio de 165 días hábiles.
Los hallazgos cualitativos indican, además, que las empresas pequeñas disponen de menor margen financiero y organizacional para sostener procesos prolongados, por lo que las deficiencias del sistema golpean con especial fuerza a las mipymes. El estudio identifica también dificultades en la ejecución de las decisiones judiciales, que pueden prolongar los costos económicos incluso después del fallo.
Frente a este panorama, ANJE propuso mejorar la gestión de los tribunales, agilizar la ejecución de sentencias, fortalecer los registros judiciales e impulsar los servicios digitales y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, especialmente para las mipymes, con el fin de reducir los costos de la demora judicial y fortalecer la confianza en el clima de inversión dominicano.
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