Arrestan al comunicador Rafael Guerrero en RD:

Aumentan las preocupaciones por libertad de expresión bajo Abinader 

Santo Domingo, República Dominicana – 27 de agosto de 2025. El comunicador Rafael Guerrero Méndez, conductor del programa "Corrupción al Desnudo" en YouTube, fue arrestado este miércoles por supuesta rebeldía al no asistir a tiempo a una audiencia judicial por una acusación de difamación contra un ex coronel de la Policía Nacional.  

Fuentes judiciales indican que Guerrero llegó solo minutos tarde a la cita en el Palacio de Justicia, pero el juez, presuntamente vinculado al gobierno de Luis Abinader, ordenó su detención inmediata, lo que ha generado acusaciones de persecución política.  

Guerrero, quien enfrenta cargos bajo el artículo 21 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, ha sido un vocal crítico del narcotráfico, la corrupción en altos mandos militares y funcionarios gubernamentales, lo que analistas ven como el verdadero motivo detrás de su apresamiento. 

Este incidente se enmarca en un patrón de detenciones contra comunicadores críticos en República Dominicana, exacerbando los temores sobre el deterioro de la libertad de expresión bajo la administración de Abinader.  

Organizaciones como Amnistía Internacional han criticado al gobierno por evadir denuncias de violaciones a los derechos humanos y promover proyectos de ley que podrían actuar como "mordaza" para la prensa, como el reciente borrador remitido al Senado que regula la libertad de expresión y ha dividido a periodistas y abogados al imponer sanciones por supuestas infracciones sin censura previa, pero con potencial para coartar críticas.  

El presidente Abinader ha defendido que el proyecto no contiene "ni una coma" de su autoría personal, pero opositores como Abel Martínez lo califican de amenaza a la democracia, argumentando que busca distraer de temas como la crisis haitiana y el racismo en políticas migratorias.  

Según un análisis del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), el proyecto presenta inconstitucionalidades que podrían exponer a comunicadores a procesos judiciales arbitrarios. 

Entre los antecedentes destacan los casos del detective y comunicador Ángel Martínez, arrestado en mayo de 2025 en Puerto Plata mientras salía del pais, en un crucero, acusado de extorsión, difamación, lavado de activos y estafa. Martínez, declarado prófugo desde 2021. Fue detenido por la Policía Nacional y dejado en prisión preventiva. 

 Similarmente, Claudia Pérez Ramírez, conocida como "La Tora", fue apresada en mayo de 2025 por rebeldía al no comparecer ante la Octava Sala Penal del Distrito Nacional en un caso de difamación; aunque fue liberada tras recusar a la jueza, el arresto ocurrió en una plaza comercial y se basó en una orden de conducencia, levantada posteriormente. Estos casos ilustran un uso recurrente de la justicia para silenciar voces disidentes. 

La desunión entre los comunicadores dominicanos ha sido un factor clave que el gobierno y enemigos de las libertades aprovechan para debilitar el frente crítico. Fuentes indican divisiones internas, como campañas mediáticas financiadas externamente (por ejemplo, vía USAID) que enfrentan a periodistas, y ataques selectivos que evitan un consenso unificado contra la corrupción.  

Analistas señalan que esta fragmentación permite al ejecutivo distraer con temas polarizantes, como acusaciones de vínculos con narcotráfico, mientras ignora denuncias masivas. 

Guerrero, por su parte, ha mantenido una campaña agresiva contra empresarios y funcionarios ligados a corrupción, revelando presuntos lazos de altos mandos militares activos con narcotraficantes y criticando directamente al gobierno de Abinader por no combatir el narcotráfico efectivamente, alegando que altos funcionarios se reúnen en centros como el C5I para monitorear comunicadores críticos. 

 En episodios recientes de su programa, Guerrero ha expuesto a coroneles implicados en muertes de agentes de la DNCD y a figuras políticas en estructuras corruptas, lo que le ha valido amenazas previas, incluyendo intentos de secuestro por parte de policías. 

Expertos y activistas creen que el arresto de Guerrero busca intimidar a otros comunicadores que denuncian al régimen, en un contexto donde más de 50 casos similares han sido reportados en 2025 por organizaciones de derechos humanos, potenciando un clima de autocensura en los medios dominicanos.  

Mientras Guerrero permanece detenido, sus seguidores exigen su liberación inmediata, advirtiendo que esto podría escalar tensiones en un año marcado por escándalos gubernamentales.