La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó de forma provisional al gobierno de Donald Trump a reanudar las deportaciones de migrantes hacia países distintos de su lugar de origen, una de las herramientas centrales de su política migratoria. La decisión final sobre la legalidad de la medida llegará tras los argumentos orales de diciembre.
El máximo tribunal estadounidense concedió la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional y suspendió temporalmente la resolución del Tribunal de Distrito de Massachusetts que había puesto límites a las expulsiones hacia terceros países y exigido mayores garantías para las personas enviadas a naciones diferentes de su origen. La orden y la sentencia suspendidas fueron dictadas el 25 de febrero de 2026.
La medida fue aprobada por mayoría de seis magistrados; las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson votaron en contra de otorgar la suspensión solicitada por el Gobierno. La decisión no resuelve el fondo del litigio: la Corte optó por tratar el pedido del Ejecutivo como una solicitud formal de revisión del expediente y fijó los argumentos orales para la sesión de diciembre de 2026.
El punto central del caso es hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo al enviar a una persona a un país distinto del suyo y qué garantías procesales debe ofrecer antes de hacerlo, incluidas las obligaciones frente al riesgo de persecución o tortura. El Gobierno sostiene que el mecanismo es necesario cuando el país de origen no acepta el regreso del deportado o el retorno no puede concretarse, y afirma que recibe garantías de seguridad de los países receptores.
Según las cifras incluidas en el litigio, alrededor de 25.000 personas fueron enviadas a más de dos decenas de países mediante distintos acuerdos, con México como principal destino. Abogados y organizaciones que representan a los migrantes cuestionan esas garantías y sostienen que algunos deportados podrían enfrentar persecución o tortura en los países receptores.
El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, quien ocupa el cargo desde agosto de 2026, había anticipado que el Departamento de Justicia recurriría ante la Corte Suprema tras las restricciones impuestas por las instancias inferiores. Hasta que exista una sentencia definitiva, la Administración Trump podrá seguir utilizando las deportaciones a terceros países dentro del endurecimiento migratorio de su segundo mandato.
Fuentes: Último Cable.
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