La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito estableció límites importantes a la autoridad del Gobierno para volver a detener a un migrante que ha vivido durante años bajo supervisión migratoria después de recibir una orden final de expulsión, en la decisión del caso Abedi v. Carter, dictada el 21 de octubre.
El punto central del fallo es que la redetención no reinicia la presunción de seis meses de detención razonable reconocida por la Suprema Corte en el caso Zadvydas v. Davis: esa presunción solo aplica durante los primeros seis meses posteriores al inicio del período legal de expulsión. Después, cualquier detención exige una evaluación individualizada, sin una nueva presunción a favor del Gobierno.
La entrevista pronta es un requisito, no un trámite
La corte también hizo valer las salvaguardas del reglamento que rige la revocación de la libertad supervisada (8 C.F.R. § 241.13): ICE no puede saltarse esas garantías invocando otro marco de revisión de custodia. Cuando esa norma aplica, la agencia debe ofrecer una entrevista informal pronta en la que la persona pueda impugnar los motivos de su redetención.
En el caso analizado, una demora injustificada de cuatro semanas violó ese requisito, y la corte concedió la reparación solicitada sin exigir una demostración adicional de que una entrevista a tiempo habría producido la liberación, dado que la norma protege intereses fundamentales de libertad y debido proceso.
La decisión, escrita por la jueza McHugh con un voto disidente de la jueza Eid, se suma a la cadena de litigios que están definiendo en los tribunales los alcances de la política de detenciones del actual Gobierno.
Con información de la decisión Abedi v. Carter, N.º 25-3179 (Décimo Circuito, 21 de octubre de 2026) y su análisis en CaseMine.
Foto: Quintin Soloviev (Wikimedia Commons, CC BY 4.0). Imagen ilustrativa de archivo.
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