El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió el 14 de octubre una regla final interina que reduce de 30 a 10 días calendario el plazo que tienen los refugiados para responder cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) inicia un proceso para retirarles su estatus de refugiado.
La medida, que entró en vigor de inmediato, mantiene la posibilidad de presentar evidencia escrita, solicitar una entrevista o ambas antes de que USCIS adopte una decisión final, pero comprime drásticamente el tiempo disponible para hacerlo. Aplica a quienes permanecen en estatus de refugiado y aún no se han convertido en residentes permanentes.
El DHS justificó el recorte argumentando que le permitirá actuar más rápido ante preocupaciones de elegibilidad, citando presuntas deficiencias en los controles migratorios durante el gobierno de Joe Biden, una afirmación que las organizaciones de reasentamiento de refugiados cuestionan.
El departamento identificó a aproximadamente 186,000 refugiados admitidos entre los años fiscales 2015 y 2025 que no se han convertido en residentes permanentes como la población máxima potencialmente sujeta a la medida, no como una estimación de cuántos recibirán avisos o perderán su estatus.
La terminación del estatus pone fin a la autorización de empleo asociada y puede derivar en un proceso de deportación, aunque no es en sí misma una orden de expulsión. Tampoco existe apelación administrativa contra la decisión de USCIS, aunque las personas pueden buscar las protecciones disponibles en la corte de inmigración.
La vicepresidenta de programas legales de la organización IRAP en Estados Unidos, Laurie Ball Cooper, advirtió que el plazo reducido convierte el proceso en una mera formalidad para quitarles su estatus a refugiados que fueron admitidos legalmente y viven legalmente en el país, y deportarlos a lugares donde sufrirían persecución o algo peor.
La regla se publica en medio de una revisión más amplia de los refugiados admitidos durante el gobierno de Biden y una pausa en sus solicitudes de residencia permanente en trámite. El DHS recibirá comentarios públicos hasta el 13 de noviembre, mientras el plazo reducido permanece vigente.
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