La denuncia se produce en un contexto de crecientes tensiones entre ambas naciones caribeñas. Según el CPT, los haitianos que cruzan la frontera en busca de trabajo o refugio de la violencia que asola Haití están siendo detenidos de manera indiscriminada y expulsados sin respeto por los procedimientos establecidos en los acuerdos internacionales sobre migración.
"Estas operaciones de deportación son inhumanas, violan los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y reflejan un racismo institucionalizado que debe cesar de inmediato", aseguró la organización.
Deportaciones masivas y críticas
El aumento de las deportaciones en República Dominicana ha sido drástico en los últimos meses. El gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha intensificado sus esfuerzos por controlar el flujo de inmigrantes ilegales, argumentando que el país no puede soportar la carga económica y social de los migrantes haitianos.
Solo en la última semana, más de 10 mil haitianos fueron deportados, un número que el CPT considera alarmante y que, según ellos, está acompañado de abusos y violaciones.
Las tensiones entre Haití y República Dominicana por la cuestión migratoria no son nuevas, pero en los últimos meses se han intensificado. En medio de una violencia desbordada por las pandillas en Haití y un colapso institucional que afecta a todos los niveles de la sociedad haitiana, miles de personas cruzan la frontera en busca de refugio y mejores oportunidades en suelo dominicano.
La frontera entre Haití y República Dominicana, que se extiende a lo largo de 380 kilómetros, es un punto crítico donde cada semana decenas de autobuses llenos de haitianos son enviados de vuelta a su país de origen. La mayoría de los deportados han llegado a República Dominicana en busca de trabajo, escapando de la inseguridad o simplemente huyendo de la miseria que afecta a gran parte de la población haitiana.
Sin embargo, las autoridades dominicanas han intensificado sus operaciones para controlar la inmigración ilegal, en un esfuerzo por proteger su propio sistema económico y social, que se ha visto presionado por la influencia contundente: un aumento drástico en las deportaciones.
La situación en Haití es crítica. El país enfrenta una profunda crisis económica y política, agravada por la violencia de las pandillas que controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe. Los deportados suelen regresar a barrios peligrosos, donde corren el riesgo de ser víctimas de violencia o reclutados por bandas criminales. Para muchos, la deportación no solo significa la pérdida de su sustento, sino también una sentencia a vivir en la incertidumbre y el peligro.
La postura del gobierno dominicano
Por su parte, el gobierno dominicano ha defendido su política de deportaciones, argumentando que el país no puede absorber indefinidamente a los migrantes que cruzan desde Haití. El presidente dominicano, Luis Abinader, ha sido claro al afirmar que su gobierno está actuando dentro de sus derechos soberanos para proteger la seguridad y la economía del país.
"No es una cuestión de racismo ni de violación de derechos", dijo Abinader en un discurso reciente. "Es una cuestión de cumplir con nuestras leyes y proteger los intereses de nuestra nación".
No obstante, la retórica oficial no ha hecho sino aumentar las tensiones entre ambos países. Desde Haití, muchos ven estas acciones como una continuación de la discriminación histórica que los haitianos han enfrentado en República Dominicana. Además, la falta de un diálogo diplomático efectivo entre ambos gobiernos ha dificultado la posibilidad de encontrar soluciones sostenibles al conflicto.
Frente a este escenario, algunos expertos señalan que las deportaciones masivas no resolverán el problema de fondo. Según Jacqueline Charles, periodista especializada en la región, "la situación en Haití está tan deteriorada que las personas seguirán cruzando la frontera, sin importar las consecuencias".
Las soluciones, dicen los expertos, pasan por un enfoque más integral que aborda las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la violencia y la falta de puerto.
Al mismo tiempo, se requiere un esfuerzo conjunto entre la comunidad internacional y ambos países para establecer un marco migratorio justo que permita el flujo legal y regulado de trabajadores haitianos a República Dominicana, donde la mano de obra haitiana ha sido históricamente fundamental, especialmente en sectores.
Mientras tanto, miles de haitianos siguen siendo deportados cada semana, atrapados en una crisis que parece no tener fin y que afecta profundamente las relaciones entre dos naciones con una historia entrelazada pero a menudo marcada por la confrontación.