Santo Domingo. — La Secretaría de Seguridad y Defensa de la Fuerza del Pueblo (FP) exigió este jueves al Gobierno una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre el presunto desvío de municiones pertenecientes a organismos militares y policiales de la República Dominicana hacia bandas armadas que operan en Haití.
Durante una rueda de prensa celebrada el 15 de octubre en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, en Santo Domingo, el vicesecretario de Seguridad y Defensa de la FP, el mayor general retirado Napoleón Terrero Figueroa, acompañado por generales retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, presentó la posición de la organización ante lo que calificó como una amenaza directa a la seguridad nacional.
"Este gravísimo hecho no constituye un simple fallo administrativo, representa una amenaza directa y flagrante a la seguridad nacional", expresó el dirigente, quien advirtió que pone en riesgo la soberanía, la paz y la integridad del territorio dominicano.
La organización opositora sustentó su reclamo en el informe del Panel de Expertos del Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Haití, identificado como S/2026/714 y fechado el 8 de septiembre de 2026, un documento de 95 páginas y 22 anexos que documenta el presunto destino ilícito de ese material bélico.
Los hallazgos del informe de la ONU
Según el informe, varias municiones utilizadas por la banda haitiana 400 Mawozo y otros grupos delictivos habrían procedido de las reservas nacionales dominicanas, pertenecientes a la Policía Nacional y el Ejército. En territorio haitiano fueron recolectados cartuchos identificados con las siglas ERD, correspondientes al Ejército de la República Dominicana.
El documento menciona dos contratos suscritos en 2022 entre la empresa colombiana Industria Militar (Indumil) y el Ejército de la República Dominicana para la adquisición de municiones. Las autoridades colombianas confirmaron que cartuchos de calibre 5,56 × 45 milímetros con las siglas ERD fueron fabricados por Indumil bajo esos contratos, durante inspecciones realizadas en febrero de 2026 a municiones incautadas a grupos armados en Puerto Príncipe.
El informe también recoge el arresto, en diciembre de 2025, de un segundo teniente del Ejército dominicano en la provincia de San Juan de la Maguana, cuando presuntamente transportaba 1,516 cartuchos en una motocicleta junto a un ciudadano haitiano. El caso se encuentra en proceso judicial.
El reclamo de la oposición
La Fuerza del Pueblo demanda además una investigación de contrainteligencia para descubrir y neutralizar posibles redes de infiltración o relaciones ilícitas entre miembros militares o policiales y bandas criminales extranjeras, así como establecer la cadena completa de custodia y trazabilidad de las municiones para identificar a los responsables y sancionarlos conforme a la ley.
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