Washington, D.C. – El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha desatado una ola de protestas tras decidir compartir información fiscal de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida permitirá a ICE acceder a nombres y direcciones de contribuyentes indocumentados, lo que podría facilitar su identificación y posible deportación.
El acuerdo, firmado el lunes 7 de abril, establece que el IRS proporcionará información sobre personas que han recibido órdenes de abandonar Estados Unidos o que están bajo investigación criminal. ICE podrá solicitar datos como nombres, domicilios y registros fiscales de estos individuos, lo que marca un cambio significativo en la política de confidencialidad del IRS.
Diversas organizaciones han calificado el acuerdo como una violación a la privacidad de los contribuyentes y un ataque a las comunidades inmigrantes. Expertos advierten que la decisión podría disuadir a los inmigrantes de cumplir con sus obligaciones fiscales por miedo a represalias.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han iniciado acciones legales contra el Departamento del Tesoro, argumentando que la medida contradice leyes de confidencialidad y pone en riesgo la privacidad de millones de personas.
Los inmigrantes indocumentados contribuyen con miles de millones de dólares en impuestos cada año, a pesar de no recibir beneficios federales. Activistas alertan sobre el posible efecto negativo de la política en la recaudación fiscal y el empleo.
Legisladores han condenado la decisión del IRS. "Es un abuso de poder que socava la confianza en nuestro sistema tributario", declaró la senadora Elizabeth Warren. En contraste, funcionarios gubernamentales justifican la medida como parte de una estrategia para reforzar la seguridad nacional.
La controversia ha llevado a la renuncia de Melanie Krause, comisionada interina del IRS, quien dimitió tras la firma del acuerdo. Fuentes cercanas indican que Krause consideraba que el intercambio de datos comprometía la integridad del sistema fiscal.
Miles de personas han salido a las calles en Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades para exigir la revocación de la medida. Líderes comunitarios han instado a legisladores a intervenir y garantizar la privacidad de los contribuyentes.
Expertos advierten que el acuerdo podría enfrentar desafíos en tribunales. La Ley de Confidencialidad Tributaria prohíbe la divulgación de información fiscal sin una orden judicial específica.
A medida que crece la presión pública y avanzan las demandas legales, el futuro del intercambio de datos entre IRS e ICE sigue incierto. Mientras tanto, millones de inmigrantes enfrentan una nueva amenaza a su estabilidad en Estados Unidos.