Por la redacción
La jueza federal Ana Reyes ordenó el lunes 26 de octubre suspender, mientras continúe el litigio, la tala de árboles en el campo de golf público East Potomac Golf Links, en Washington, un proyecto que el presidente Donald Trump quiere convertir en un recinto de campeonato. La medida es una orden preliminar, de unas 70 páginas según las crónicas del fallo, y por tanto no es una resolución definitiva sobre el fondo del caso: congela nuevas talas hasta que el tribunal resuelva la demanda.
Además de prohibir que el Gobierno retire o dañe más árboles en el parque East Potomac, la jueza dispuso que la Administración avise por escrito, con diez días hábiles de antelación, antes de cualquier modificación irreparable en las formas o características del parque. Así, los demandantes podrán acudir al tribunal antes de un cambio difícil de revertir.
El conflicto se agravó a principios de octubre, cuando trabajadores talaron más de 400 árboles en un solo fin de semana festivo, el del Día de Colón. La jueza escribió que ya se habían cortado más de 500 árboles en total, según el recuento recogido en su orden, y concluyó que la Administración actuó de mala fe al talar de forma repentina. La cifra de más de 400 corresponde al fin de semana señalado; la de más de 500, al total acumulado que cita la orden. No son dos cifras contradictorias, sino dos recuentos distintos.
La demanda fue presentada por la organización D.C. Preservation League y dos golfistas, quienes alegan que el Gobierno no evaluó adecuadamente las consecuencias ambientales y patrimoniales del proyecto. Según la jueza, los demandantes tienen probabilidades de prevalecer en su argumento de que la remodelación avanzó sin las revisiones ambientales y de preservación histórica exigidas por la ley. La Administración, en cambio, defendió la tala como parte de un plan de gestión del paisaje elaborado en 2019, no como el inicio de la remodelación.
La contradicción que la jueza puso en el centro de su orden enfrenta las declaraciones públicas del presidente con la posición de sus abogados. Trump publicó el 18 de octubre que el secretario del Interior, Doug Burgum, y un arquitecto habían desarrollado un plan para un campo de campeonato de clase mundial, y al día siguiente escribió que los trabajos empezarían inmediatamente. Sus abogados, sin embargo, habían dicho que no existía ningún plan definitivo de renovación.
El campo, de 106 años de antigüedad y situado en una isla artificial al sur de la explanada nacional de Washington, cerraría el 15 de noviembre durante unos 15 meses, según anunció el propio Trump. Tras el fallo, el presidente afirmó en Truth Social que el campo se cerrará en esa fecha como estaba previsto y que la Administración apelará la decisión, al sostener que la jueza no tiene derecho a exigir esas notificaciones. La apelación anunciada deja abierta la disputa: la tala queda frenada por ahora, pero el proyecto no ha sido cancelado por el tribunal.
JC LN
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