La inseguridad se convirtió en el tema central de la recta final de la elección presidencial de Brasil, cuya segunda vuelta se celebra este domingo 25 de octubre, y puso en aprietos al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato. Durante años, Lula prefirió centrar sus campañas en asuntos económicos y sociales, pero en esta ocasión el crimen organizado y la violencia callejera se impusieron en el debate público. Su principal rival, Flávio Bolsonaro, hizo de la mano dura contra el delito su principal bandera, en línea con la política que caracterizó a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Los datos muestran un panorama complejo. Bajo el actual gobierno, los homicidios bajaron a poco más de 20 por cada 100.000 habitantes en 2024, el último año con cifras oficiales disponibles, frente a un rango de entre 21.7 y 23.6 durante la mayor parte del gobierno anterior. Sin embargo, la percepción ciudadana es distinta: facciones criminales como el Primer Comando de la Capital y el Comando Rojo mantienen control territorial en barrios de más de 25 estados, con extorsiones que afectan a millones de personas. Además, las muertes causadas por la policía superan las 6.400 al año, unas 17 diarias, según el análisis difundido por centros de estudio. El gobierno respondió con un programa de 11.000 millones de reales contra el crimen organizado y propuso una enmienda constitucional para reforzar el sistema único de seguridad pública, pero esa iniciativa quedó estancada en el Senado y no logró cambiar la percepción de los votantes. A ello se suman el endeudamiento público, que supera el 80 por ciento del producto interno bruto, y la desaceleración económica. En la primera vuelta, la abstención alcanzó el 21.08 por ciento, la más alta desde 1998, lo que obliga a ambos candidatos a convencer a un electorado cansado y escéptico.
Foto: Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil / Wikimedia Commons (CC BY 2.0).
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