Sociedad  en estado de shock por el asesinato de cinco jóvenes a manos de la  DICRIM

Santo Domingo, República Dominicana – 13 de septiembre de 2025. 

La sociedad dominicana se encuentra en estado de shock tras el asesinato de cinco jóvenes a manos de agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM) de la Policía Nacional. 

El incidente ocurrió en un supuesto intercambio de disparos el pasado miércoles en el sector La Barranquita, Santiago de los Caballeros, frente a una plaza comercial. 

Principales sectores de la sociedad, incluyendo líderes políticos, organizaciones de derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la iglesia católica, periodistas y la ciudadanía en general, han expresado profunda indignación y conmoción por el hecho, que muchos califican como una ejecución extrajudicial a sangre fría. 

Según la versión oficial de la Policía Nacional, el incidente se produjo cuando una patrulla del DICRIM fue recibida a tiros por los jóvenes. 

Quienes supuestamente formaban parte de una "peligrosa banda" dedicada al sicariato, tráfico de armas, secuestros, cobros compulsivos por deudas de drogas y narcotráfico. 

Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias El Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez (25 años), José Rafael Almonte (alias Buki) y Yohandry Nicolás Rodríguez Peña. 

La Policía reportó que se ocuparon armas de fuego, incluyendo de alto calibre, y tres vehículos en el lugar, afirmando que los agentes actuaron en legítima defensa. 

Sin embargo, familiares y testigos oculares contradicen esta narrativa, afirmando que los jóvenes fueron asesinados a sangre fría sin ofrecer resistencia. 

Familiares de José Vladimir Valerio Estévez aseguran que no era delincuente, sino un barbero que estaba trabajando en su peluquería al momento del suceso. 

"No sigan matando su moral", pidieron los familiares a la Policía en declaraciones a medios locales, insistiendo en que era un joven inocente sin antecedentes. 

Otros testigos denuncian que agentes quitaron los discos duros de las cámaras de seguridad cercanas, sugiriendo un intento de ocultar evidencia, y afirmaron que "los jóvenes no ofrecieron resistencia; el episodio fue a sangre fría", según reportes periodísticos. 

En respuesta al escándalo, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció la suspensión inmediata de los agentes involucrados, poniéndolos a disposición del Ministerio Público para una investigación exhaustiva. 

"No habrá impunidad en este caso", aseguró Raful en un comunicado, enfatizando que la investigación se llevará hasta sus últimas consecuencias. 

Por su parte, la Procuraduría General de la República, a través de la procuradora Yeni Berenice Reynoso, ordenó investigar el hecho y asignó a la Fiscalía de Santiago y al director de Persecución del Ministerio Público para encargarse del caso. 

Esta medida busca esclarecer los detalles del suceso y garantizar transparencia en el proceso. 

No obstante, críticos señalan que esta medida de suspensión es una práctica rutinaria en la institución, que rara vez resulta en condenas efectivas. 

"Es lo mismo de siempre: suspenden para calmar las aguas, pero al final todo queda en impunidad", comentó un activista de derechos humanos. 

El caso ha reavivado denuncias sobre la existencia de juicios sumarios y escuadrones de la muerte dentro de la Policía Nacional. 

Organizaciones como la CNDH han calificado al DICRIM como una "organización de sicópatas" que opera con impunidad, asesinando a personas bajo la excusa de que son delincuentes. 

Según reportes, en República Dominicana se llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales disfrazadas como "intercambios de disparos" desde hace mucho tiempo, con miles de casos documentados en las últimas décadas. 

Este incidente recuerda un trágico error ocurrido en diciembre de 2023, cuando agentes del DICRIM ultimaron a tres miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y uno de la Armada de República Dominicana durante un operativo en Haina, San Cristóbal. 

La Policía alegó que los confundieron con integrantes de una banda criminal dedicada a secuestros, sicariatos y extorsión, y que fueron recibidos a tiros. 

Los fallecidos fueron Sandro Miguel García, Nicolás Eladio Buten y Joel Emilio Rodríguez Silva, todos agentes en activo o exmiembros de instituciones estatales. 

El caso de 2023 generó investigaciones y cuestionamientos sobre la preparación y protocolos de la DICRIM, destacando cómo incluso funcionarios públicos han sido víctimas de estas operaciones. 

Puntos aún sin aclarar incluyen: cuántos agentes participaron exactamente, quiénes dieron la orden y bajo qué protocolos operaron. 

Si efectivamente había un delito en curso para justificar la persecución policial, o si los jóvenes estaban implicados en lo que se les acusa. 

La verificación independiente de qué pasó con las cámaras de seguridad y discos duros que supuestamente fueron removidos. 

Además, se esperan los resultados de autopsias, balística y fragmentación de evidencia que confirmen (o no) que hubo intercambio de disparos. 

La CNDH y otras entidades han llamado a una investigación exhaustiva, advirtiendo que la impunidad fomenta un ciclo de violencia. 

Mientras tanto, manifestaciones pacíficas se han convocado en Santiago y Santo Domingo para demandar justicia y una reforma profunda de la Policía Nacional. 

Todo ello en medio de un clima de desconfianza hacia las instituciones de seguridad.