El gobierno de Donald Trump impuso este viernes sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), apenas horas después de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a Navi Pillay, exjueza sudafricana de ese tribunal con sede en La Haya.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Washington prohibirá las transacciones con la CPI, a la que calificó de tribunal "ilegítimo" y "deshonesto". "Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar", declaró Rubio en un comunicado.
"El presidente Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense, quien advirtió: "O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI". Rubio aseguró además que Washington seguirá trabajando para "desmantelar la CPI ladrillo por ladrillo".
La medida podría alcanzar a las empresas que prestan servicios al tribunal. Las sanciones estadounidenses suelen impedir que las compañías con sede en Estados Unidos colaboren con una organización sancionada, lo que puede llevar a bancos, aseguradoras y firmas de software a interrumpir sus prestaciones. Un alto funcionario del Departamento de Estado señaló que el Tesoro emitirá licencias para "proteger los intereses estadounidenses", en referencia a posibles exenciones temporales.
La declaración de Rubio no mencionó a Pillay ni al premio Nobel. El secretario sostuvo que las sanciones buscan proteger a militares y funcionarios estadounidenses de ser procesados por un tribunal al que Estados Unidos nunca se sumó.
La CPI rechazó enérgicamente las sanciones. "Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la misión para la que fue creada. Es un ataque al Estado de derecho y a los propios cimientos del orden jurídico internacional", afirmó el tribunal en un comunicado, en el que recordó que 13 jueces y fiscales ya han sido afectados por los castigos de Washington.
La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, aseguró que "la Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en aras de las innumerables víctimas de crímenes graves".
Navi Pillay, de 85 años, presidió el tribunal internacional para el genocidio de Ruanda, fue jueza de la CPI y luego encabezó una comisión de la ONU que acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza. La administración Trump ya había sancionado a funcionarios del tribunal, incluida su fiscal y varios jueces, por investigaciones que involucraban a Estados Unidos e Israel, y el mes pasado había pedido a todos los países miembros que abandonaran el organismo.
Estados Unidos cuestiona las órdenes de arresto dictadas por la CPI contra funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu, y una investigación sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que ya fue cerrada. Varios países europeos defendieron la continuidad de la CPI tras el anuncio.
Fuentes: El País, Cadena SER, CNN, Reuters (9 de octubre de 2026).
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