Por Federico Pinales
Según varios abogados criminalistas de los Estados Unidos, algunas autoridades de seguridad aeroportuarias están arrestando y humillando “estúpidamente", hasta a ciudadanos norteamericanos inmaculados, y a simple vista inofensivos.
De acuerdo con las confesiones de esos especialistas en derecho penal, los calificativos de “arrestos injustos y estúpidos” provienen de algunos fiscales, al momento de analizar muchos casos que llegan a sus manos, procedentes de los aeropuertos.
Aunque dichos fiscales desestimen los cargos contenidos en algunos de esos expedientes policiales, los daños económicos, morales y espirituales ya están hechos y nadie los repara.
Salir públicamente esposado de un aeropuerto, pasarse 4 o 5 horas encerrado en una cárcel, gastarse una cantidad X en el pago de servicios legales, pérdida de tiempo, gastos de transporte para las cortes y otros movimientos relacionados con los referidos casos, que nunca bajan de 3,000.00 dólares; sumados a las pérdidas de los vuelos y los planes vacacionales, de negocios o familiares; constituyen maldades gratuitas fácilmente evitables si las autoridades de seguridad actuaran con sentido común y humano, sin renunciar, lógicamente, a cumplir con sus obligaciones de prevención del crimen.
Llevar en su equipaje cualquier objeto que las autoridades puedan considerar peligroso no significa necesariamente que el pasajero tenga la intención de usarlo de manera criminal, especialmente si no lo lleva encima, en su cuerpo.
Por lo tanto, es una maldad innecesaria crearle un récord criminal a un ciudadano o a cualquier ser humano inmaculado, bajo el argumento de “posesión criminal de un arma”, sin especificar el tipo de arma.
Se supone que todo lo que una persona tenga en las manos, con la intención demostrada de hacerle daño a alguien, las cortes criminales lo consideran un arma.
Solo en ese caso se justifica el calificativo de “posesión criminal”.
No así algo que haya sido encontrado en el fondo de una maleta que viajará en la barriga del avión, como son los casos que llegan a fiscales y que estos deciden desestimar y considerar “arrestos injustos y estúpidos”.
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