El Departamento de Justicia demandó en tribunales federales a 40 ciudadanos naturalizados acusados de delitos graves, desde espionaje para un gobierno extranjero hasta homicidio. Es la mayor iniciativa de revocación de ciudadanía en un solo período bajo el gobierno de Trump.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes la presentación de demandas de revocación de ciudadanía contra 40 ciudadanos naturalizados acusados de delitos graves, en lo que las autoridades calificaron como "la mayor" iniciativa de este tipo en un solo período durante la administración del presidente Donald Trump.
Las demandas fueron presentadas en 19 tribunales federales de distrito entre el 21 de agosto y el 2 de octubre, y apuntan contra personas acusadas de delitos como actuar como agente de un gobierno extranjero, homicidio voluntario y sodomía agravada contra un hombre con necesidades especiales. Dos de los señalados están acusados de espiar para China.
"El anuncio de hoy marca el mayor esfuerzo de desnaturalización en la historia moderna", declaró el fiscal general Todd Blanche en un comunicado. "Desde un individuo condenado por espionaje hasta otros condenados por delitos sexuales contra menores, estos acusados ocultaron información crucial al gobierno estadounidense y representan a delincuentes peligrosos".
Por su parte, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia, afirmó: "Cada uno de estos individuos mintió para obtener la ciudadanía estadounidense".
Entre los 40 señalados hay dos cubanos: Javier Marrero Pando, de 60 años y residente en Athens, Georgia, y Lázaro Eduardo Trujillo Vitón, de 40 años, con proceso en el Distrito de Columbia. Según el Departamento de Justicia, Marrero Pando se declaró culpable en junio de 2022 de sodomía agravada contra un hombre con necesidades especiales, delito cometido en mayo de 2020; sin embargo, en su entrevista de naturalización en octubre de ese año declaró falsamente bajo juramento que nunca había cometido un crimen por el que no hubiera sido arrestado.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite a un tribunal federal revocar la ciudadanía obtenida por naturalización si el gobierno demuestra que fue conseguida ilegalmente mediante la ocultación de un hecho relevante o una declaración falsa intencional.
El Departamento de Justicia aclaró que se trata solo de acusaciones y que ningún tribunal se ha pronunciado aún sobre los casos.
La iniciativa se enmarca en la ofensiva del gobierno de Trump contra el fraude migratorio. A principios de agosto, el Departamento de Justicia había anunciado otros 25 casos y aseguró haber presentado 123 demandas civiles de desnaturalización desde que Trump asumió en enero de 2025, la cifra más alta de la historia registrada. En contraste, una investigación citada por The Washington Post encontró que el gobierno presentó solo 305 casos de desnaturalización entre 1990 y 2018, un promedio de menos de 11 por año.
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