Washington, EE. UU. – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplica desde este mes de octubre controles más rigurosos a determinados solicitantes de residencia permanente, incluidos latinos. La revisión de "carga pública" rige para los pedidos de ajuste de estatus presentados desde el 18 de septiembre de 2026 y busca determinar la probabilidad de que el solicitante dependa de asistencia gubernamental.
El análisis contempla la edad, la salud, la situación familiar, los activos y recursos, la condición financiera, la educación y las habilidades del solicitante. Los oficiales también pueden valorar otras circunstancias relevantes del caso, utilizando los formularios I-485 e I-693, la documentación del trámite y los sistemas del Departamento de Seguridad Nacional.
Uno de los puntos que más preocupación genera es que la solicitud, aprobación o recepción de ayudas sujetas a comprobación de recursos, incluidos Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), puede integrar la evaluación. Las autoridades aclaran que recibir estos beneficios no determina por sí solo la inadmisibilidad: su peso depende de la fecha, la duración y las circunstancias de la asistencia.
Los expedientes presentados antes del 18 de septiembre, que fueron aceptados y todavía están pendientes, continúan bajo las reglas de 2022. Las ayudas recibidas antes de esa fecha no se consideran, pero la asistencia percibida desde entonces sí puede incorporarse al examen. El formulario I-485 revisado solicita ahora información sobre estas prestaciones, y si faltan datos el USCIS puede pedir evidencia adicional o notificar su intención de denegar el caso.
Fuentes: El Portal 24 / La Nación.
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