Escuela Pública Número Dos de Paterson, foto histórica (HABS, dominio público).
La Junta de Educación de Paterson vota este lunes un contrato que compromete al distrito hasta junio de 2031, con un salario para la superintendente Laurie Newell que llegaría a 344.000 dólares en 2030. El trámite cumple el aviso de 30 días que exige la ley: la convocatoria se publicó el 1 de octubre y la audiencia es el 2 de noviembre. Pero que algo sea legal no significa que sea legítimo, y votar un compromiso de cinco años el día antes de que los votantes elijan a tres miembros de esa misma junta es una decisión que huele a blindaje.
Los argumentos de los críticos son de sentido común. El miembro Corey Teague y otros candidatos y vecinos no piden cancelar el contrato: piden esperar a enero, cuando asuman los ganadores de la elección del 3 de noviembre. Si la junta actual cree que Newell merece quedarse hasta 2031, ¿por qué no dejar que lo confirme la junta que los votantes están a punto de elegir? La prisa solo tiene una lectura posible para el público: amarrar el futuro antes de que cambie la correlación de fuerzas. Y en un distrito que acaba de eliminar cuatro escuelas de elección, subir impuestos 8 % y recortar 89 puestos, la confianza pública es un recurso tan escaso como el dinero.
Nada de esto es un juicio sobre el trabajo de Newell, que tiene defensores y detractores con argumentos serios. Es un juicio sobre el procedimiento. Las juntas escolares administran el dinero de los contribuyentes y el futuro de 20.000 estudiantes; las decisiones que atan por cinco años deben tomarse con la junta que los votantes acaban de legitimar, no con la que está de salida. Si la votación de esta noche aprueba el contrato, la nueva junta heredará un hecho consumado. Si la aplaza, Paterson ganará algo que vale más que cualquier contrato: la certeza de que sus escuelas se gobiernan a la vista de todos.
Fuentes: NorthJersey · NorthJersey · NorthJersey
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